DE LA “PATRIA SOCIALISTA” A MENEM Y VIDELA:

¿Cristina, Menem y el Proceso un solo corazón?

 

En un informe anterior hemos mostrado que la supuesta “nacionalización” de YPF por parte del gobierno kirchnerista sólo encubre la recuperación de la YPF creada por Carlos Saúl Menem (sociedad anónima) para ser entregada a las multinacionales petroleras angloamericanas,controladas o poseídas por la familia Rockefeller.

En esta nota queremos llamar la atención sobre los dos ejes sobre los cuales se ha llevado a cabo este proceso: por un lado, reivindicando la gestión del menemismo y su escalada privatizadora, a pesar de las críticas esquizofrénicas en nombre de lo “nacional, popular y democrático”; por otro lado, utilizando la legislación del Proceso de Reorganización Nacional y su Estatuto anticonstitucional como fuente legitimadora de la expropiación de las acciones de Repsol YPF

 

1. Llama poderosamente la atención que la supuesta oposición y el progresismo “tulipán” no haga hincapié en el hecho que la “recuperación” de YPF no tiene nada que ver con la empresa estatal fundada por el general Enrique Mosconi, sino que lo que hoy recupera el gobierno kirchnerista es la YPR de Carlos Saúl Menem.

Por un lado, la mismísima presidente de la Nación ha hecho hincapié en que no se trata de una estatización, sino de una expropiación accionaria, con lo cual mantiene a YPF como empresa privada, tal como lo llevó a cabo Carlos Saúl Menem a comienzos de los vilipendiados ’90: «el modelo que hemos elegido no es un modelo de estatización, que quede claro, […] seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo a la ley de sociedad privada»[1].

                             

Esta afirmación presidencial se ve corroborada por el proyecto de ley enviado al Senado de la Nación, tal como está estipulado en el artículo 15: «[…] para el desarrollo de su actividad, YPF Sociedad Anónima continuará operando como una sociedad anónima abierta, en los términos del Capítulo II, Sección V, de la Ley Nº 19.550 y normas concordantes, no siéndole aplicable legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las Empresas o entidades en las que el Estado Nacional o los estados provinciales tengan participación».

En este sentido, el mencionado artículo del proyecto de ley resulta ser UN CALCO del artículo 6º de la ley 24.145/92, mediante la cual la administración del entonces presidente Menem consagró por ley del Congreso Nacional la privatización de YPF Sociedad del Estado, para transformarla en Sociedad Anónima: «[…] apruébase lo dispuesto por el Decreto Nº 2.778 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 31 de diciembre de 1990 que transformó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado en YPF Sociedad Anónima, regida por la Ley Nº 19.550, Capítulo II, Sección V, Artículo 163 a 307 (texto ordenado en 1984), con la finalidad de que sea una empresa de hidrocarburos integrada, económica y financieramente equilibrada, rentable y con una estructura de capital abierto. Mientras la participación del Estado Nacional y de las Provincias en el capital social de YPF Sociedad Anónima sea mayoritaria, no le será aplicable a esta empresa legislación o normativa administrativa alguna, dictada o a dictarse, que reglamente la administración, gestión y control de las empresas en las que el Estado Nacional tenga participación»[2].

Dicho de otra manera: lejos de ser una actitud épica y fundacional, a través de la expropiación de acciones el gobierno kirchnerista ha recuperado solamente la YPF de Menem, no la empresa estatal fundada por el general Enrique Mosconi.

Lo paradójico, payasesco y esquizofrénico de todo esto es que los sectores básicamente progresistas, neokirchneristas y radicales que no apoyaron y repudian la privatización de YPF en el año 1992 hoy le dan carácter “nacional, democrático y popular” a la privatización menemista: critican a Menem, pero convalidan lo que éste hizo 20 años atrás con YPF; critican la privatización neo-liberal, pero hoy le dan status democrático-progresista.

 

2. También llama poderosamente la atención que ni la supuesta oposición ni el progresismo tulipán repudie el hecho que la legislación sobre la cual se ha basado la expropiación accionaria de Repsol YPF y su intervención manu militari sea la Ley de Expropiaciones 24.199, sancionada el 19 de enero de 1977 por Jorge Rafael Videla, en su carácter de presidente del fatídico Proceso cívico-militar de 1976.

Esta ley videlista se fundamentaba en el artículo 5º del Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional, artículo que facultaba al presidente de facto a ejercer las atribuciones legislativas propias del Congreso Nacional: “Las facultades legislativas que la Constitución Nacional otorga al Congreso Nacional, incluidas las que son privativas de cada una de las Cámaras, será ejercida por el Presidente de la Nación […]”[3].

En este sentido, no deja de ser llamativo que la presidente de la Nación establezca por ley “democrática, nacional y popular” que la expropiación del 51% de las acciones de YPF S. A. se haga a través de la ley 21.499/77 y que a fin de salvaguardar la continuidad operativa de YPF el Poder Ejecutivo nacional ejerza todos los derechos que las acciones a expropiar confieren en los términos de los artículos 57 y 59 de esa ley videlista[4].

   

 

Tal como lo muestra y demuestra la vigencia de la Ley de Entidades Financieras 21.526 (sancionada por Videla y Martínez de Hoz el 14 de febrero de 1977), al igual que la vigencia de la exención del impuesto a las ganancias para la renta financiera (artículo 78 del Decreto 2284/1991 sancionado por Menem y Cavallo en 1992), el gobierno kirchnerista le otorga el rango de “democrático, nacional y popular” a leyes y criterios emanados del Proceso de Reorganización Nacional y del Menemato neo-liberal, síntesis perfecta y acabada de gorilismo económico-social con progresismo político, contraria a la Nación Argentina y a su destino histórico

 

José Arturo Quarracino

1 de mayo de 2012

 

[1] Anuncio del proyecto de ley de expropiación de YPF: Discurso de la Presidenta de la Nación, 16 de abril de 2012 (en http://www.casarosada.gov.ar/discursos/25810-anuncio-del-proyecto-de-ley-de-expropiación-de-ypf-discurso-de-la-presidenta-de-la-nacion).

[2] Ley 24.195/92: Federalización de Hidrocarburos. Transformación Empresaria y Privatización del Capital de YPF Sociedad Anónima. Privatización de Activos y Acciones de YPF S.A. Disposiciones Complementarias. Sancionada el 24 de setiembre de 1992 y promulgada el 13 de octubre de 1992.

[3] «Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional», en Junta Militar, Documentos Básicos y Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional, Buenos Aires, 1980.

[4] Proyecto de ley de Expropiación de las acciones clase D de YPF S.A., Título 3, Capítulo 1, Artículos 11 y 12; Capítulo 2, Artículo 13. Este fundamento del proceso de expropiación accionaria pone en evidencia que el Congreso Nacional es una simple escribanía del Poder Ejecutivo Nacional.